Jorge Cavoli, Eugenio Cedeño, Alcibíades Tavárez y Charles Mariotti. GIF: El Nuevo Diario
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La emisión del decreto 30-25 del 17 de enero de este año y su posterior derogación alborotaron el avispero en el Congreso Nacional, ya que en la mañana de hoy fue que él mismo salió a relucir.
El mandato establecía el cobro de las Impuesto sobre Transferencias de Bienes, Industrializados y Servicios (ITBIS) a los servicios de plataformas digitales de proveedores internacionales, que se brindan en el país, donde tienen una gran demanda.
Mientras que desde el oficialismo ven prudente que se le carguen más impuestos al uso de las plataformas digitales, para los legisladores de oposición es la forma en la que el gobierno pretendería introducir una silenciosa reforma fiscal, que estiman debería pasar por el Congreso.
El diputado perremeísta Jorge Cavoli, manifestó que aunque esto se debió conocer en el Congreso, no menos cierto es que “tampoco debe extrañarnos que se plantee el cobro de impuestos a las plataformas digitales, porque en todo el mundo es así”.
El diputado por La Romana, Eugenio Cedeño, explicó que la aplicación de las cargas impositivas deben estar establecidas en leyes, aunque el Poder Ejecutivo tiene facultad para regularlas mediante decretos.
“Si el Código Tributario establece impuestos, el Poder Ejecutivo mediante decreto puede perfectamente reglamentar la aplicación”, enfatizó el legislador.
Sin embargo, el diputado del partido Fuerza del Pueblo, Alcibíades Tavárez, calificó de catastróficos tratar de imponer más al uso de plataformas de entretenimiento.
“Eso sería asfixiar más a la clase pobre, a la clase media de este país que no soportan más impuestos”, añadió.
El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, manifestó que este decreto y derogación es una muestra más de que este es un gobierno “cobarde, doble moral., con una política como la de María Ramos”.
Mariotti agregó que este decreto pasará a la historia como el más corto por la falta de visión del tren gubernamental.
Es importante destacar que para reglamentar el cobro de los servicios a las plataformas digitales se creó un marco legal en la Ley 253-12 que elevó de un 16 a un 18 %, pero este nunca se llegó a ejecutar.
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