El reciente corte en el sistema eléctrico en Chile, que dejó a gran parte del país sumido en la oscuridad, ha puesto en evidencia los riesgos de delegar un área tan estratégica como la energía a manos del sector privado. Este incidente no solo afectó la vida cotidiana de millones de personas, sino que también expuso la fragilidad de un sistema que, al estar sujeto a intereses comerciales, puede comprometer la seguridad nacional de un Estado.
La energía es un recurso vital para el funcionamiento de cualquier nación. Desde los hogares hasta las industrias, pasando por los servicios esenciales como hospitales y comunicaciones, todo depende de un suministro eléctrico estable y eficiente. Cuando este servicio queda en manos de empresas privadas, cuyo principal objetivo es la maximización de ganancias, se corre el riesgo de que la calidad, la cobertura y la continuidad del servicio se vean afectadas.
En República Dominicana, este debate no es nuevo. En periodos anteriores, se ha intentado privatizar las empresas estatales de electricidad, argumentando que la gestión privada podría mejorar la eficiencia y reducir las pérdidas del sistema. Sin embargo, estas propuestas han generado preocupación entre amplios sectores de la sociedad, que ven en la privatización una amenaza a la soberanía energética y a la seguridad nacional.
Ahora, bajo el gobierno del presidente Luis Abinader, se ha vuelto a plantear la posibilidad de emular modelos privatizadores. Si bien es cierto que el sistema eléctrico dominicano enfrenta desafíos significativos, como la ineficiencia y los altos costos de generación, la solución no puede ser simplemente entregar el control a empresas privadas. La experiencia internacional, como el caso de Chile, nos muestra que la privatización no es una panacea y puede generar nuevos problemas, incluso más graves que los que se pretendían resolver.
Un sistema energético controlado por el Estado, aunque no exento de retos, permite al menos garantizar que las decisiones se tomen en función del interés público y no de los beneficios económicos de unos pocos. Además, fortalece la capacidad del Estado para responder a emergencias y garantizar el suministro en situaciones críticas, algo que es fundamental para la seguridad nacional.
Es imperativo que, antes de tomar decisiones apresuradas, se analicen a profundidad las implicaciones de privatizar un servicio tan esencial como la electricidad. La energía no puede ser tratada como una mercancía más; es un derecho básico y un pilar del desarrollo nacional.
En lugar de seguir el camino de la privatización, República Dominicana debería enfocarse en fortalecer la gestión estatal del sector eléctrico, modernizar la infraestructura, promover las energías renovables y garantizar la transparencia en el uso de los recursos. Solo así podremos construir un sistema energético que verdaderamente sirva a los intereses de la nación y de su pueblo.
La oscuridad que vivió Chile debe ser una lección para todos. No podemos permitir que la luz de nuestro país dependa de intereses ajenos al bien común. La energía es un asunto de Estado, y como tal, debe ser protegida y gestionada con responsabilidad y visión de futuro.
Por Jonior Ramírez