EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El destino procesal de los implicados en la presunta red de estafa inmobiliaria desarticulada durante la operación Nido se definirá el próximo 25 de abril, fecha en la que el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, emitirá su dictamen sobre la apertura o no de un juicio de fondo.
Durante la audiencia preliminar, el Ministerio Público presentó su acusación formal, respaldada por un conjunto de pruebas que, según sostiene, evidencian el entramado fraudulento operado por los imputados.
El magistrado Mejía optó por reservarse el fallo, una decisión que, de acuerdo con declaraciones del abogado Robinson Reyes, obedece a la complejidad del expediente y a la necesidad de un análisis exhaustivo de los elementos presentados por la parte acusadora.
La lectura de la decisión está pautada para las 10:00 de la mañana, y se espera que marque un punto de inflexión en uno de los procesos judiciales más relevantes en materia de delitos inmobiliarios en el país.
Sobre el caso
De acuerdo con la acusación, el monto aproximado de la estafa a las víctimas ocasionada por los acusados asciende a un monto superior de RD$235 millones de pesos y más de US$10 millones, dinero que debe ser resarcido en favor de las víctimas del presente proceso.
Durante la etapa preparatoria, el Ministerio Público logró incautar bienes muebles e inmuebles que fueron adquiridos con los fondos de las víctimas, tales como casas, apartamentos, vehículos y maquinaria pesada, además de detectarse que esos recursos fueron utilizados para cubrir gastos personales de los acusados.
La red fue desmantelada tras 25 allanamientos llevados a cabo en las provincias de San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional, donde se incautaron múltiples propiedades y bienes pertenecientes a los acusados, quienes, según el expediente, llevaban un estilo de vida lujoso financiado con los fondos obtenidos de las víctimas.
Entre las pruebas recolectadas, el Ministerio Público indicó que Emmanuel Rivera Ledesma, señalado como cabecilla de la red, utilizaba el nombre de figuras públicas conocidas para ganar la confianza de las víctimas, sin ningún vínculo real con dichas personalidades.
Asimismo, tras el inicio de las investigaciones, intentó disuadir a las víctimas de presentar o mantener las querellas en su contra, firmando nuevos contratos fraudulentos con el objetivo de evitar enfrentar cargos legales y obstruir el proceso judicial.
La investigación realizada por el Ministerio Público arrojó que la red criminal utilizó los vehículos societarios Indisarq, SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, el Grupo Wimar, SRL y Auto Xperts AFM SRL, a través de las que crearon un esquema inmobiliario fraudulento para la ejecución de estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de las víctimas a las que ofertaban viviendas a través de siete proyectos inmobiliarios.
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