SANTO DOMINGO.– Un total de siete querellantes han retirado las acciones legales interpuestas contra el comunicador Ángel Martínez por supuesta difamación, lo que llevó al Ministerio Público del Distrito Nacional a recibir, el pasado 2 de julio de 2025, la solicitud formal de archivo definitivo del caso.
Las querellas retiradas corresponden a denuncias presentadas por el alcalde German Damián Rodríguez Saldaña, Deisy Yanelis Aquino Mesa, Librado Nicanor Acosta Belliard, Luis Manuel Díaz, Ricki Ricardo Tejada Blanco, José Miguel Peralta Castellano y Martín Nolasco. Todos ellos decidieron poner fin a los procesos tras las disculpas públicas ofrecidas por Martínez y la eliminación de los videos considerados difamatorios.
El proceso judicial, originado por declaraciones emitidas por Martínez a través de su canal digital, dio un giro significativo luego de que este ofreciera disculpas públicas durante su participación en el programa “Tu Mañana”. En ese espacio, Martínez se retractó de sus palabras y se disculpó directamente con los comunicadores Varga Vila Riverón y Colombia Alcántara, quienes aceptaron sus disculpas públicamente y acordaron cerrar el capítulo de las diferencias.
Julio César Fernández, abogado de Ángel Martínez, consideró que la decisión de los querellantes es la más sensata, al asegurar que los casos por difamación en República Dominicana suelen enfrentar serias limitaciones legales, especialmente cuando se trata de figuras públicas amparadas por la libertad de expresión.
“El conflicto entre la libertad de expresión y el derecho al honor no debe resolverse con prisión ni con persecución judicial. Este caso nunca debió llegar tan lejos”, afirmó Fernández, quien además denunció irregularidades en el manejo del expediente por parte del Ministerio Público. A su juicio, hubo violaciones al debido proceso y un uso desproporcionado de los mecanismos judiciales.
Fernández también criticó a algunos abogados que, según dijo, motivan este tipo de querellas a sabiendas de que no prosperarán, cobrando honorarios por adelantado y luego sugiriendo acuerdos sin devolver lo recibido.
El jurista reiteró que Ángel Martínez reside en los Estados Unidos y transmite desde esa jurisdicción bajo la protección de la Primera Enmienda de la Constitución norteamericana. En ese contexto, recordó que el Tratado de Budapest, que regula los delitos informáticos a nivel internacional, no penaliza la difamación, lo que limita la efectividad de estas acciones desde el punto de vista penal.
Asimismo, advirtió que insistir en este tipo de procesos podría terminar perjudicando a los propios querellantes, ya que podrían ser demandados por daños y perjuicios si se demuestra que actuaron de manera temeraria o sin fundamento.
“El que insista en litigar contra Martínez debe saber que es muy probable que, aun ganando un juicio civil, no encuentre forma de ejecutar una sentencia. No hay bienes que embargar, ni en República Dominicana ni, presumiblemente, en Estados Unidos”, afirmó.
Fernández concluyó valorando la decisión de Varga Vila Riverón como “acertada y valiente”, exhortando a los demás implicados a evitar el desgaste judicial y a concentrarse en seguir sus respectivos caminos profesionales.
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