EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El proyecto para regular las candidaturas independientes sometido por la Junta Central Electoral (JCE) a través de la Cámara de Diputados, establece una serie de requisitos que arrastra un “no disfrazado.
Límites en las postulaciones de candidaturas, presentación de un 2 % del padrón electoral y el no financiamiento del sector público, son algunas de las estipulaciones de la iniciativa de ley.
Esta iniciativa que viene a regular las candidaturas independientes a través de asociaciones cívicas, conforme a la sentencia TC/788/2024 emitida por el Tribunal Constitucional (TC), que invalidó artículos anteriores de la Ley Electoral 20-23.
Aspectos claves de la normativa
Las Asociaciones Cívicas (A.C.): Entidades sin fines de lucro, constituidas con el único fin de postular candidaturas independientes en un proceso electoral específico.
Los aspirantes no podrán tener vinculación a partidos políticos.
Recolección de firmas: Proceso obligatorio para validar el respaldo ciudadano a una candidatura independiente.
Asimismo, se exige acta constitutiva, apertura de cuenta bancaria, registro ante la Procuraduría General de la República (PGR) y cumplimiento de obligaciones fiscales.
La vigencia de estas asociaciones se limita al ciclo electoral correspondiente. No pueden postular en otro proceso sin crear una nueva entidad.
Registro y Requisitos
Registro ante la JCE un año antes de las elecciones.
Presentación de un programa de Gobierno (presidencial) o municipal (locales); Acreditación de no militancia partidaria en el último año; Uso obligatorio de una app digital para recolección de firmas.
Mínimo del 2 % del padrón electoral correspondiente al nivel (nacional, provincial o municipal).
Las candidaturas independientes podrán presentar máximo de 3 postulantes por demarcación.; no podrán realizar alianzas con partidos políticos; no se les permitirá reemplazar en caso de muerte, renuncia o inhabilitación del candidato.
No podrán participar en la distribución de escaños por acumulación de votos a través del método D’Hondt ni en el Parlamento Centroamericano (Parlacen).
También estarán obligados a rendir informes financieros periódico y serán sancionados por uso indebido de fondos, violación de plazos, entre otros. Asimismo, los candidatos independientes están limitados a recibir financiamiento sólo del sector privado.
Reacciones de dirigentes políticos y legisladores de distintos partidos
El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, expresó que tanto los partidos políticos tradicionales como las asociaciones cívicas “pueden convivir”.
Sin embargo, Paliza subrayó que “en el formato constitucional de República Dominicana, los partidos tienen un rol fundamental, son la estructura, la columna de la democracia”.
Mientras para el diputado y presidente de la Comisión Permanente de Junta Central Electoral, Elías Wessin Chávez, el requisito del 2 % del padrón electoral que plantea la iniciativa debe ser modificado y dejarlo en un 1 % que es lo que se pide a los diputados nacionales.
El legislador enfatizó en “que ese 2 % hay que bajarlo a un 1 %, porque nosotros, los diputados nacionales, con un 1 % es que estamos aquí. Y de alguna manera la Constitución también habla de un 1 %”.
Otro diputado que planteó cambios al proyecto de ley fue Carlos de Pérez, quien manifestó que el plazo de no militancia en organizaciones políticas debe ser mayor al estipulado que es de un año.
El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Mayobanex Martínez, afirmó que el proyecto sometido por el senador de La Vega, Ramón Rogelio Genao, que propone eliminar tres artículos de la Ley 20-23 es improcedente.
“Porque no podemos para tratar de subsanar una decisión del Tribunal Constitucional, eliminar tres artículos que precisamente se está basando en ellos para garantizarle oportunidad a los independientes que quieran participar”, agregó.
Martínez señaló que la salida más viable a este tema es el proyecto depositado por la JCE, ya es el fruto de un consenso con los partidos.
El proyecto fue remitido a la Comisión Permanente de JCE en la Cámara de Diputados para su ponderación.
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