dom. Jul 13th, 2025

Por Henry Zacarias

BANI, República Dominicana, (8 de julio 2025).-La corrupción estatal ya no siempre viste de saco y corbata. A veces se maquilla de “mérito”, de “derecho a trabajar”, de “casualidad administrativa”. Pero la verdad es que detrás de muchas designaciones públicas se esconde el cáncer más profundo que corroe la institucionalidad dominicana: el nepotismo disfrazado de legalidad.

Hoy, a raíz de la denuncia pública realizada por la periodista Patricia Báez desde Baní News, salta de nuevo a la luz un caso escandaloso que desnuda, con nombres y apellidos, el patrón de abuso del poder con el que algunos funcionarios han convertido al Estado dominicano en una empresa familiar.

La joven Driseli Fulcar Aybar, hija del actual senador Julito Fulcar, fue colocada como gerente de Edesur en Baní. No por concurso. No por trayectoria técnica en el área energética. No por evaluaciones públicas. Fue una designación puramente política y familiar, confirmada por fuentes internas de Edesur y expuesta con valentía por Báez.

Tras una gestión ineficiente, fue cancelada por incapacidad técnica. Pero lejos de mantenerse fuera, fue reintegrada por presión directa de su padre senador, esta vez como asistente del director de comunicaciones de Edesur, en la capital. Lo más grave: conservando el mismo salario de gerente. ¿Mérito? No. ¿Currículum probado en energía? Tampoco. Solo hay una razón: el apellido Fulcar explica la periodista en su denuncia pública en redes.

El caso de Driseli no es único. Es parte de una red sistemática de tráfico de influencias que se extiende por todas las instituciones del Estado, bajo un patrón astuto y calculado: colocar a familiares en otras entidades públicas distintas a la que dirige el funcionario titular, para que no se pueda acusar formalmente de nepotismo directo.

▶️ Por ejemplo:
El Ministro de Economía tiene familiares bien colocados en el Banco de Reservas, en la Cámara de Cuentas, en la UASD, en Energía y Minas, en Medio Ambiente, en SENASA… y así sigue una larga lista. Cada funcionario protege a los suyos en instituciones hermanas, haciendo del aparato estatal un club de favores cruzados y sueldos dorados, mientras el pueblo paga la fiesta. (Esto es solo un ejemplo, no necesariamente esto esté pasando en este momento).

Esta práctica, aunque legalizada por las grietas del sistema, es moralmente corrupta, institucionalmente inaceptable y éticamente obscena.

¿Hasta cuándo permitiremos este robo disfrazado?

Desde el Grupo Crónicas hacemos un llamado urgente a la ciudadanía, a las organizaciones sociales, a los medios serios y a los pocos funcionarios íntegros que quedan, para que se exija:


Una Auditoría Nacional de Nóminas Públicas

Que revise caso por caso todas las contrataciones en el Estado desde 2020 hasta la fecha, identificando parentescos directos, cruzados y triangulados.

Saneamiento completo de las instituciones públicas

Con exámenes de méritos reales, concursos transparentes y publicación abierta de perfiles, funciones y salarios.

Régimen de consecuencias ejemplares

Para quienes usen el poder del Estado para enriquecer a sus familiares y allegados, sin importar en qué institución trabajen. Porque nepotismo es nepotismo, aunque lo repartan en varias oficinas.


El pueblo no tiene por qué financiar a hijos, sobrinos, esposas, queridas y cuñados de funcionarios que se creen dueños del país. La función pública es sagrada, no hereditaria. Y el Estado no es una empresa privada ni una herencia familiar.

Este país necesita justicia, meritocracia y vergüenza. No más apellidos poderosos cobrando sin trabajar.
No más burla a los contribuyentes.

Es hora de limpiar la casa.

Fuente: Patricia Báez/Baní News

Coordinan por Grupo Crónicas: Evangelina de los Santos de la Rosa y Helen M Terrero V

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