SANTO DOMINGO. – Un total de 305 testigos han sido presentados por el Ministerio Público en el juicio de fondo que conoce el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional este martes contra los imputados en la operación Coral, un sonado caso de corrupción administrativa que involucra una presunta estafa al Estado dominicano por 4,500 millones de pesos.
El expediente judicial, que ha sido calificado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) como uno de los más complejos y estructurados, detalla el funcionamiento de una red criminal presuntamente encabezada por altos mandos militares y funcionarios adscritos al Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y al Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), durante la pasada administración gubernamental.
De acuerdo con las investigaciones, los imputados crearon un entramado de corrupción para distraer fondos públicos mediante el pago de nóminas abultadas, incluyendo personas que nunca prestaron servicios (conocidas como «nóminas fantasmas»), así como la apropiación de recursos destinados a combustibles, viáticos y otros conceptos operativos.
Estos fondos eran luego utilizados para la compra de propiedades de lujo, vehículos de alta gama, productos financieros, y para el lavado de activos mediante empresas fachada y testaferros.
Principales imputados
El principal acusado es el mayor general retirado Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cusep y hombre de confianza del expresidente Danilo Medina. Junto a él están imputados:
El exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), Juan Carlos Torres Robiou.
Rafael Núñez de Aza, coronel de la Policía Nacional y presunto cerebro financiero del esquema.
Rossy Guzmán Sánchez, pastora evangélica acusada de servir de testaferro en la adquisición de bienes.
Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de Rossy Guzmán.
Raúl Alejandro Girón Jiménez, teniente coronel del Ejército, quien admitió su participación y colabora como testigo.
Alejandro José Montero Cruz, cabo de la Policía Nacional, entre otros.
El Ministerio Público ha sustentado su acusación en más de 3,000 pruebas documentales, periciales y testimoniales. El juicio ha avanzado con la incorporación progresiva de los testigos, muchos de ellos militares y empleados administrativos que han detallado la operativa interna del alegado esquema fraudulento.
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