Al referirse a la cumbre en la que participaron el presidente Luis Abinader y los expresidentes Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía, señaló que toda discusión sobre política migratoria requiere reglas claras, información confiable y una narrativa común de respeto institucional.
Según una nota informativa, Cedeño valoró la reunión al entender que sus propuestas parecen poner sobre la mesa un tema crucial para el presente y futuro del país, al tocar aspectos de soberanía, derechos humanos, seguridad, desarrollo y convivencia.
Sin embargo, advirtió que “no basta con convocar” y que resulta imperativo dotar de legitimidad, método y transparencia cualquier intento de diálogo nacional sobre el tema migratorio.
Aseguró que el fracaso de convocatorias anteriores del Consejo Económico y Social (CES), como ocurrió con las reformas que quiso implementar el presidente Luis Abinader al inicio de su mandato, se debió a la falta de un método claro para lograr su objetivo.
“No fue por falta de urgencia de los temas, sino por la falta de claridad en el método y por la existencia de agendas paralelas que boicoteaban el proceso de diálogo. Las expectativas vagas, la documentación incompleta y la improvisación metodológica derivan fácilmente en desconfianza, parálisis o manipulación. En el caso migratorio, estos errores no serían solo estratégicos, serían altamente peligrosos”, aseveró Margarita Cedeño.
Agrega que, entre esos riesgos, señaló experiencias como la de Colombia y Venezuela: el primero, cuando sufrió profundas fracturas sociales al intentar, mediante negociaciones y luego un referéndum, consensuar un acuerdo para la desmovilización de las FARC; y el segundo, bajo el intento de usar el diferendo del Esequibo como factor de cohesión nacional, el cual terminó en un conflicto de legitimidades, sin diálogo abierto ni instituciones confiables.
“El Gobierno y los actores convocantes deben asumir con responsabilidad el diseño de un método público y vinculante de discusión, con tiempos definidos, criterios de aprobación, mecanismos de seguimiento y garantía de cumplimiento; asegurar el acceso a toda la documentación relevante, especialmente el análisis jurídico-constitucional; y garantizar una participación plural e intergeneracional, que incluya organizaciones juveniles, académicas, empresariales, sindicales, comunidades religiosas y actores territoriales”, indicó.