Hemos normalizado tanto las malas prácticas que los poderes públicos pagan un alto costo de credibilidad al adoptar sus decisiones. Por lo regular, los tribunales terminan aplicando prisión preventiva para los casos complejos y delicados. Sobre todo, cuando se trata de casos de corrupción y delitos penales.
Esa práctica se ha asentado cuando relaciones políticas y de poder están detrás de los casos. Igual cuando no se quiere enfrentar a las críticas por la reacción popular en aquellos casos repugnantes. Ha sido una manera de acallar el ánimo y la indignación colectiva.
Y, por esto, en el caso de la tragedia del Jet Set, se hace complicado entender la decisión del tribunal, aunque esté basada en derecho.
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