“Mire hermano, le soy sincero, este caso está vacío completamente”, dice abogado de Marisol Franco
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Santo Domingo, República Dominicana. – El viernes el magistrado José Alejandro Vargas de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, escuchó los argumentos con los que el Ministerio Público solicita prisión preventiva como medida de coerción a cuatro de los 15 imputados en el caso de narcotráfico y lavado de activos de la red de César Emilio Peralta (César el Abusador).

Era el turno de Marisol Franco  (esposa de César el Abusador), así como de Rafael Reyes, quien figura como el gerente de VIP Room, uno de los negocios del referido narcotraficante; Alan Gilberto Bueno  Alcequiez, propietario de la casa de cambio “Alan Dólar”; y Edward Patricio Montero Cabral (Zapatazo), supuesto miembro de la red criminal.

Tras los debates entre los imputados y los fiscales del Ministerio Público, que implicaron reclamos de la procuradora fiscal del Distrito Rosalba Ramos como “que baje la voz por favor, que la sala es pequeña”; el juez decidió dar en conjunto el fallo de la procedencia o no de las medidas que solicitó el órgano persecutor el lunes en la mañana.

“Esa dama, el que la ha tratado y el que la conoce sabe que no es capaz, ni de asesorar, ni de permitir, ni de otorgar ningún medio para escaparse de eso. Incluso, ella misma ha colaborado con las autoridades a los fines de que él se entregue, venga a dar la cara”, dijo Rafael Taveras, abogado de Marisol Franco al salir de la sala.

Franco tiene dos mellizas de 10 meses y dos hijos más, de 13 y 15 años respectivamente.

“Lo que le digo señor juez es que yo soy inocente y vine a demostrarlo”, Rafael Reyes en su defensa ante al magistrado.

Sobre el imputado Alan Gilberto Bueno  Alcequiez, propietario de la casa de cambio “Alan Dólar”, el tribunal refirió que hay posibilidad de que llegue a una acusación formal por evasión de impuestos de manera independiente al caso de César el Abusador, ya que la casa de cambio de la que es propietario, operaba sin reportar ante la Superintendencia de Bancos.

Joaquín Zapata, abogado del representante, explica que en caso de que el tribunal considere que merece una sanción, no aplica una acción penal como la prisión preventiva (que es lo que solicita el Ministerio Público para que no se extraiga del proceso judicial), sino una acción administrativa como el cierre del negocio.

“El hecho de que no estuviese registrada en la Superintendencia de Bancos no implica una sanción penal que acarree prisión preventiva. La ley 183 Monetaria y Financiera lo que establece en sus artículos es una sanción administrativa, no una sanción penal, no acarrea ni siquiera un día de prisión, lo que acarrea es una multa, y en su defecto, el cierre del establecimiento, no una persecución por lavado de activos”.

– Jatnna le pidió 9 mil dólares a Alan en esa llamada.

– Jatnna, ¿y quién es Jatnna?

– Es parte del entramado

– Es que yo quiero entender. Si ella lo llama, dígame quién es.

– La estamos investigando

– ¿Qué usted le investiga a Jatnna?

– …

Zapata se manifestó seguro en afirmar que el Ministerio Público no pudo presentar ninguna prueba que vincule a su cliente con algún tipo de inyección de capitales.

Las defensas de los imputados consideran que el Ministerio Público ha llevado una investigación contradictoria y carente de veracidad conforme a lo que establece el Código Procesal Penal dominicano.

“Mire hermano, le soy sincero, este caso está vacío completamente”, aseguró Taveras.

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Fuente:  Acento

 

Grupo Crónicas 2.0

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