Durante el gobierno de Luis Abinader, el discurso oficial ha sido contundente frente a la crisis migratoria y el colapso institucional en Haití. Sin embargo, esta retórica choca con una realidad menos visible: mientras se deporta a miles de haitianos en condición migratoria irregular, empresarios de ese país sancionados por Estados Unidos y Canadá por financiar bandas armadas siguen operando comercialmente en territorio dominicano sin mayores obstáculos. Es decir, se actúa contra las víctimas del conflicto, pero se tolera o ignora a quienes lo financian desde las élites económicas.
En este contexto, la reciente convocatoria a una mesa de diálogo entre Abinader y los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina parece menos un intento genuino de encontrar soluciones y más una maniobra política. El objetivo no declarado es evidente: repartir la carga, diluir responsabilidades ante la comunidad internacional y compartir el costo político de decisiones impopulares.
Más que una señal de transparencia o de voluntad de consenso, lo que se percibe es una puesta en escena institucional. Una estrategia para desviar la atención de una economía con síntomas de desaceleración, el incremento de delitos vinculados al tráfico de migrantes y las crecientes críticas al manejo del gasto público.
Resulta además contradictorio que, mientras se ejecuta una política de deportaciones masivas más de 276,000 personas en lo que va de 2024, el Estado guarde silencio ante la presencia de empresarios haitianos relacionados con la desestabilización de su país. ¿Qué intereses explican esta omisión? A veces, el silencio institucional dice más que cualquier discurso patriótico.
El problema de fondo es estructural. Desde Hipólito Mejía hasta Luis Abinader, las políticas migratorias han sido fragmentadas, reactivas y, en muchos casos, ineficaces. El Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (2013–2015) otorgó más de 200,000 carnés sin mecanismos efectivos de seguimiento. Entre 2009 y 2024 se han emitido más de 1.3 millones de visas a ciudadanos haitianos, pero el Estado nunca ha informado cuántas fueron renovadas o vencidas.
El control migratorio opera como una caja negra: sin datos confiables ni planificación a largo plazo.
El panorama, por gobiernos, ha sido el siguiente:
Hipólito Mejía (2000–2004): sin una política migratoria definida.
Leonel Fernández (2004–2012): Ley 285-04, Ley General de Migración; Reglamento de Aplicación de la Ley 285-04 (Decreto 631-11), con débil implementación y un censo biométrico inconcluso.
Danilo Medina (2012–2020): impulso del PNRE tras la controvertida sentencia 168-13; promulgación de la Ley 169-14 para regularizar a personas afectadas por esa sentencia; creación del Instituto Nacional de Migración (INM-RD); aumento de la emisión de visados, sin mejoras significativas en control ni seguimiento.
Luis Abinader (2020–presente): mayor firmeza discursiva y operativa, pero sin soluciones estructurales. Ha reforzado la narrativa contra la migración irregular, intensificado los operativos de detención y deportación, iniciado la construcción del “muro fronterizo inteligente” con serias controversias sobre su delimitación, cerrado la frontera en septiembre de 2022, suspendido visados y restringido la entrada de haitianos, sin implementar una política efectiva de regularización.
Frente a este historial, la pregunta es inevitable: ¿para qué sirve realmente la mesa de diálogo?
Sin datos transparentes, sin voluntad de construir una política migratoria de Estado y con un enfoque más propagandístico que técnico, esta mesa parece responder más a intereses de imagen que a una verdadera búsqueda de soluciones.
Y un punto clave: Haití no se resuelve sin Haití. No se puede seguir abordando su crisis de forma unilateral ni dialogando únicamente con interlocutores que han demostrado no tener legitimidad ni capacidad de representación. Es urgente hablar con actores haitianos legítimos, capaces de articular soluciones reales, en lugar de repetir encuentros estériles con los mismos rostros de siempre.
Mientras el tema haitiano se utilice como cortina de humo o como herramienta electoral, no habrá avances. Solo más tensión, incertidumbre y carga para el pueblo dominicano. La migración no se gestiona con fotos ni discursos: se enfrenta con reglas claras, justicia social, cooperación binacional y, sobre todo, con transparencia.
Por: Yelandra Sanchez Carbonell.