Importancia de la electricidad para el desarrollo
La energía eléctrica no es solo un servicio, es un habilitador del desarrollo humano y económico. Su acceso, eficiencia y sostenibilidad son determinantes para el progreso de una nación moderna, equitativa y competitiva. La electricidad impulsa todas las actividades productivas: agricultura, industria, comercio, tecnología, entre otros.
Los países con mayor acceso a electricidad presentan niveles significativamente más altos de PIB per cápita y productividad laboral. Esto se debe a que la electricidad facilita la educación continua, permite la conservación de alimentos y medicinas, garantiza el acceso al agua potable y reduce la dependencia de fuentes contaminantes como la leña y el carbón, con efectos positivos en la salud pública. Además, es fundamental para una urbanización planificada, el desarrollo de infraestructura moderna y el fortalecimiento institucional.
En las zonas rurales, el acceso eléctrico no solo dinamiza la economía local y reduce desigualdades, sino que también contribuye a frenar la migración hacia las ciudades.
Un sistema eléctrico estable es indispensable para garantizar la seguridad ciudadana, la operatividad de los servicios de emergencia, la defensa civil y las capacidades de respuesta ante desastres.
Reforma Eléctrica con Sentido de Nación: Que el Estado domine donde hay ganancia y corrija donde hay pérdida»
En la República Dominicana, el sistema eléctrico opera como una especie de Frankenstein institucional: la generación es mayoritariamente privada y rentable, la transmisión está en manos del Estado, pero con inversión insuficiente, y la distribución, donde ocurren las mayores pérdidas económicas (más del 28%), sigue siendo un pozo fiscal sin fondo, manejado por empresas estatales (las EDEs) con un modelo fallido.
El resultado es conocido: subsidios masivos, apagones selectivos, fraudes estructurales, desigualdad tarifaria y una población que paga más por menos. Pero ¿y si abordamos el problema desde el otro lado? ¿Qué pasaría si el Estado dominicano consolida su rol donde hay eficiencia y ganancia —la generación y la transmisión—, y con eso compensa o absorbe parte del desastre financiero de la distribución?
El Estado como jugador mayoritario en generación y transmisión: una estrategia de rescate
Actualmente, el Estado solo controla de forma directa cerca del 35% de la generación nacional a través de Punta Catalina y acciones en EGE Itabo. El resto está en manos de grandes grupos privados como AES Dominicana, Haina Investment, Seaboard, Energas, etc., que operan con márgenes de utilidad del 15% al 25%, dependiendo del contrato.
Asimismo, la empresa ETED, encargada de la transmisión, obtiene retornos estables del 3%– 4%, con bajo riesgo operativo.
Nuestra propuesta clave es: Que el Estado asuma de manera directa o con alianzas público- privadas el control mayoritario de la generación nacional (al menos un 70%); Fortalecer la inversión en transmisión para garantizar estabilidad técnica y recuperación eficiente; Canalizar esas utilidades para compensar las pérdidas estructurales en distribución (EDEs), donde hoy se pierde más de RD$35,000 millones al año en pérdidas técnicas y no técnicas.
Esto crearía un equilibrio financiero interno dentro del ecosistema eléctrico: ganancias arriba (generación + transmisión), cobertura de pérdidas abajo (distribución), sin necesidad de subsidios fiscales desproporcionados.
¿De dónde saldrían los fondos? Opciones viables
Una inversión estratégica en adquisición o construcción de plantas de generación y fortalecimiento de redes de transmisión requiere entre USD 2,000 y 3,500 millones en una primera fase.
Algunas fuentes factibles y sostenibles son: Fondos de pensiones (AFP) una inversión con retorno y seguridad, las AFP dominicanas administran más de RD$1.2 billones (USD 20,000 millones), Solo una fracción de ese capital está colocada en proyectos productivos locales.
En segundo lugar, a través de fideicomisos de inversión pública (Ley 189-11) o vehículos de inversión garantizada, el Estado puede canalizar hasta un 10% del total de fondos hacia generación/transmisión eléctrica. Con retornos entre 6%–9% y garantía estatal, se protege el ahorro de los trabajadores y se invierte en infraestructura crítica.
Tercero, Alianzas público-privadas (APP), el modelo APP puede permitir que el Estado mantenga control sin asumir toda la inversión inicial, con inversores privados se desarrollan plantas o redes, y el Estado mantiene derecho preferente de adquisición o participación.
Cuarto, Bonos verdes y financiamiento climático, plantas solares, eólicas, hidráulicas o de ciclo combinado son elegibles para bonos verdes multilaterales, la banca multilateral (BID, CAF, BM) puede proveer líneas blandas para transición energética con impacto social.
¿Y la distribución?
Las EDEs deben ser reestructuradas completamente, bajo un nuevo modelo que combine: segmentación geográfica eficiente, gerencia técnica profesional, medición inteligente, facturación digital y reducción de pérdidas al 15% en 5 años, penalización directa a fraudes, con respaldo judicial.
Además, con ganancias estatales en generación y transmisión, puede eliminarse progresivamente el subsidio generalizado, focalizando el apoyo solo en hogares realmente vulnerables a través de Supérate o Bonoluz.
Está más que sobre entendido, de que necesitamos una transformación hacia un nuevo modelo de gestión del sistema eléctrico dominicano con sentido patriótico, para que el Estado no solo participe donde se pierde, sino también, donde se gana, lo que le permitirá compensar y aliviar la carga de todos los dominicanos y continuar guiándonos hacia el progreso y el crecimiento económico.
Por: Wellington Rosario, Economista