Tener casa propia, un pedazo de tierra o un negocio es el sueño de muchos, pero en República Dominicana eso no siempre significa tranquilidad. Entre conflictos de herencia, expropiaciones dudosas y fraudes con títulos de propiedad, ser dueño de algo se ha convertido en una lucha constante. La burocracia, la corrupción y la ausencia de garantías han dejado a muchos en un limbo jurídico, sin saber si realmente pueden contar con lo que tanto esfuerzo les costó conseguir.
La Constitución dominicana dice que la propiedad está protegida, pero en la práctica las historias muestran otra realidad. Personas desalojadas sin recibir un centavo, terrenos que cambian de dueño sin explicación y familias enteras engañadas con papeles falsos son solo algunos de los problemas que enfrentan los ciudadanos. Basta con recordar el caso de Bahía de las Águilas en Pedernales, donde un grupo de poderosos intentó apropiarse de miles de tareas en una de las zonas más valiosas del país. Durante años, el Estado y la sociedad lucharon contra maniobras legales y políticas que buscaban legitimar un fraude. Tras más de dos décadas de batalla judicial, se recuperó un patrimonio natural que estuvo a punto de quedar en manos privadas, demostrando cómo la corrupción sigue siendo una amenaza real para los bienes de la nación.
Con los años, las leyes han tratado de equilibrar el derecho de propiedad con el interés colectivo, pero en muchos casos los dueños de terrenos han visto cómo sus propiedades son declaradas de utilidad pública sin recibir una compensación justa. Otros han tenido que ver cómo invasores ocupan sus terrenos y, aun con documentos en regla, las autoridades tardan años en actuar. La impotencia crece entre quienes sienten que, en este país, ni siquiera tener papeles garantiza el derecho sobre lo que es suyo.
Más allá de los bienes materiales, la propiedad también incluye las ideas y el talento. Artistas, escritores y emprendedores, también son victimas, su trabajo es usado sin permiso y sin reconocimiento. Registrar una obra o defender una marca sigue siendo un proceso engorroso, lleno de trabas y desconocimiento. Mientras tanto, quienes se aprovechan del esfuerzo ajeno siguen sacando ventaja sin consecuencias reales. Pero esto es tema al que le dedicaremos otro espacio.
El Tribunal Constitucional ha intentado establecer precedentes para proteger el derecho de propiedad, pero si el sistema judicial no es ágil ni confiable, todo se queda en papel. Mientras los procesos sean lentos y haya influencias externas en las decisiones, la propiedad seguirá siendo un privilegio para algunos y una batalla para otros. La justicia, cuando tarda demasiado, deja de ser justicia.
Un caso reciente que refleja estas problemáticas es el del periodista Rafael Polanco, quien lleva años luchando por recuperar su vivienda tras una sentencia favorable del máximo organismo (TC-0428-18). A pesar de la orden judicial que dispone la devolución de su propiedad, el Ministerio de Vivienda y Edificaciones ha desacatado el fallo por más de cuatro años. Este desacato, además de que viola los derechos de los afectados, también pone en evidencia la fragilidad del Estado de derecho cuando se trata de garantizar el respeto a la propiedad privada.
El patrimonio cultural y los bienes de dominio público también están en la mira. Muchos espacios históricos han sido demolidos con la excusa del desarrollo, mientras tierras protegidas terminan en manos privadas sin explicaciones claras. En mi libro “Constitución Política / Política Constitucional”, analizo a fondo la evolución de este derecho y los retos que enfrentamos, les invito a leerlo de forma gratuita online.