SANTO DOMINGO.- Los empresarios Antonio y Maribel Espaillat salieron este viernes de la cárcel provisional del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, Ciudad Nueva, Distrito Nacional, donde permanecieron recluidos desde su arresto el pasado jueves 12 de junio por su vinculación al caso del colapso de la discoteca Jet Set, que dejó 235 personas muertas y más de 180 heridas.
Los hermanos Espaillat se marcharon de la celda a las 4:00 de la tarde y se negaron a conversar con los periodistas al salir de la prisión del cuarto piso del edificio judicial, ubicado en el cuarto nivel.
Ambos fueron arrestados tras presentarse en la sede de la Procuraduría General de la República, en medio de una investigación por presunto homicidio involuntario.
La Oficina de Atención Permanente del esa misma jurisdicción les impuso como medida de coerción una garantía económica de RD$ 50 millones, impedimento de salida del país y presentación periódica ante el juez.
Este viernes, tras el cumplimiento de los requisitos establecidos por la jueza Fátima Veloz, recuperaron su libertad mientras continúa el proceso judicial en su contra.
El procurador adjunto Wilson Camacho anunció que el Ministerio Público apelará las medidas de coerción impuestas la madrugada de este jueves a los imputados de cometer homicidio involuntario, golpes y heridas involuntarias en perjuicio de las víctimas.
Camacho, titular de la Dirección General de Persecución calificó la decisión de Veloz “como una burla a las víctimas”.
“Creemos que el tribunal no valoró correctamente la magnitud del daño que han traído para la sociedad dominicana los hechos; pero, sobre todo, el daño que significa para 235 personas que murieron, más de 180 personas que resultaron heridas y más de 130 niños que quedaron huérfanos como consecuencia de esta conducta y como consecuencia del comportamiento de Antonio y Maribel Espaillat que pusieron sobre el interés de las personas que ahí estaban, las que acudían normalmente a esa discoteca, su interés económico”, agregó.
Mientras que los abogados Wander Matos y Carlos Novas aseguraron que la jueza Fátima Veloz actuó conforme al derecho y a las pruebas presentadas, al imponer una garantía económica de 50 millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país a los involucrados.
“Estamos frente a un caso que, de producirse una condena, la pena es de seis a dos años de cárcel, por lo que sería desproporcional con la prisión preventiva”, consideró Matos.
En ese sentido, explicó que los jueces no actúan para hacer feliz a la sociedad, detallando que el Código Penal es claro y preciso: estamos frente a un homicidio involuntario.
Los acusados continuarán con el proceso judicial estando en libertad.
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