Santo Domingo, 3 de mayo de 2025 — Desde tempranas horas de este sábado, circula en redes sociales un video que ha encendido las alarmas de cientos de ciudadanos preocupados por lo que aparenta ser un nuevo episodio de brutalidad policial en un sector popular de la República Dominicana.
Las imágenes captadas por decenas de celulares muestran cómo alrededor de una docena de agentes fuertemente armados, supuestamente pertenecientes al DICRIM (Dirección Central de Investigaciones Criminales), llegaron de forma sorpresiva a una calle residencial de un barrio popular. En segundos, se aproximaron con determinación a una vivienda cuyo residente, por motivos aún no esclarecidos, decidió encerrarse.
A pesar de la presencia evidente de múltiples testigos grabando el hecho, los agentes no detuvieron su accionar. En cambio, se les ve forzando la puerta de hierro de la casa, la cual arrancan violentamente, para luego proceder a patear con fuerza la puerta de madera interior hasta destruir las cerraduras completamente.
Los gritos de los vecinos no se hicieron esperar: “¡Abusadores! ¡No lo maltraten!” se escucha en varias grabaciones. Pero el operativo siguió su curso: tras violentar la entrada, varios agentes ingresan a la casa. En el video se registran sonidos de presuntos disparos desde el interior. Minutos después, los oficiales salen cargando lo que parece ser el cuerpo sin vida o gravemente herido de un joven, el cual es lanzado a la cama de una camioneta policial que es colocada de reversa lo más cerca posible de la casa allanada.
Los policías, entre camioneta y motocicletas, abandonaron el lugar rápidamente. El sector, atónito, quedó con más preguntas que respuestas. Algunos vecinos, especialmente los mayores, compararon la escena con el asesinato del ingeniero y dirigente revolucionario Amín Abel Hasbún en 1970, aunque aclararon que las circunstancias no son las mismas, pero el acto de violencia estatal sobre un ciudadano, sin una explicación pública ni procedimiento legal visible, revive memorias dolorosas.
¿Qué está fallando?
Este episodio, aún sin una versión oficial clara por parte de las autoridades, pone sobre la mesa varios puntos críticos:
- Falta de transparencia en los operativos: No se ha emitido una explicación pública sobre el objetivo del allanamiento ni sobre el estado o identidad de la persona detenida o abatida.
- Ausencia de protocolos visibles de respeto a los derechos humanos: Forzar puertas, ingresar sin orden judicial visible, disparar en presencia de testigos y desaparecer del lugar sin rendición de cuentas son acciones incompatibles con un Estado de derecho.
- Normalización del abuso de poder: Que este tipo de actos suceda en barrios marginados y no en zonas de clase media o alta pone en evidencia la persistente inequidad en la forma en que opera la fuerza pública.
¿Cómo afrontar esta realidad?
- Revisión y fortalecimiento del protocolo de actuación policial: Las fuerzas del orden deben estar sujetas a normas claras y observables. Todo operativo debe cumplir con lo establecido por la ley y respetar los derechos fundamentales.
- Cámaras corporales obligatorias: Todos los agentes deben portar cámaras que registren sus acciones durante operativos, con acceso público y judicial a los videos en caso de denuncias.
- Fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo y organismos independientes: Es urgente crear comisiones ciudadanas y especializadas que den seguimiento a cada denuncia de abuso policial, con capacidad real de sanción y reparación.
- Formación ética y psicológica a los cuerpos policiales: No basta con entrenar para enfrentar el crimen. Se necesita educar en derechos humanos, manejo de conflictos, regulación del uso de la fuerza y contención emocional.
- Comunicación directa y transparente del gobierno y la Policía Nacional: Ante sucesos como este, el silencio solo alimenta la desconfianza. Se requiere una política clara de rendición de cuentas ante la ciudadanía.
¿Quién defiende a los indefensos?
Este caso no es aislado. Forma parte de un patrón histórico en donde los sectores más vulnerables de nuestra sociedad son tratados con fuerza desmedida, bajo la presunción de culpabilidad sin defensa.
La justicia no puede ser selectiva, ni el castigo discrecional. Hoy, cientos de familias ven este video y sienten miedo, impotencia y frustración. Es responsabilidad del Estado garantizar que ningún ciudadano sea violentado sin causa justa ni debido proceso.
No se trata solo de si el joven era culpable o inocente, sino de cómo se ejerció la autoridad. Si queremos una sociedad justa y segura, debemos rechazar toda forma de abuso —venga de quien venga— y trabajar activamente por una reforma policial que dignifique la vida y los derechos de todos.
Fuente: TVCrñonicas/CRÓNICA FM RADIO