Las víctimas eran socios de la empresa Asociativa Campesina La Aurora y de la Empresa Campesina Gregorio Chávez, respectivamente. Foto/fuente externa
EL NUEVO DIARIO, TEGUCIGALPA. – La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) condenó este viernes las muertes violentas del campesino Ramón Rivas Baquedano y su hijo Carlos Antonio Rivas Canales, ocurridas el jueves en la comunidad La Conanza, Colón, en el norte del país.
En un comunicado, la OACNUDH indicó que «observa con gran preocupación que las víctimas eran familiares de Santos Hipólito Rivas y de su hijo Javier Rivas, defensores de la tierra asesinados el 12 de febrero de 2023 en circunstancias similares, cuyas muertes continúan en la impunidad».
Las víctimas eran socios de la empresa Asociativa Campesina La Aurora y de la Empresa Campesina Gregorio Chávez, respectivamente.
El organismo humanitario señaló que desde enero de 2025 ha registrado «al menos nueve muertes violentas de miembros de cooperativas campesinas y sus familiares en el Bajo Aguán», una conflictiva región por reclamos de tierras.
«Estas personas continúan enfrentando campañas de desprestigio, así como amenazas y hostigamientos de manera permanente», señaló la OACNUDH.
Indicó además que a más de tres años de haberse firmado el acuerdo entre representantes del Estado y las cooperativas y empresas asociativas campesinas del Bajo Aguán, la violencia sigue sumando víctimas, debido a la falta de un abordaje estructural del conflicto.
«En este sentido, OACNUDH urge al Estado a cumplir con los compromisos derivados del acuerdo, incluyendo de manera prioritaria la instalación de la Comisión de la Verdad del Bajo Aguán para asegurar los derechos a las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición», resalta el comunicado.
La misma institución también hizo un llamamiento al Estado de Honduras a garantizar la vida y la integridad de las personas defensoras y campesinas en el Bajo Aguán, y adoptar medidas para prevenir que nuevos hechos violentos se repitan.
Además, instó a las autoridades «a llevar a cabo una investigación diligente, pronta y exhaustiva enfocada en desarticular los grupos armados de la zona, una de las principales fuentes de riesgo de las y los defensores de derechos humanos».
La OACNUDH reiteró su disposición de continuar acompañando al Estado hondureño en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales para promover y garantizar el respeto a los derechos humanos.
En los últimos 30 años al menos 180 campesinos han sido asesinados en el sector del Bajo Aguán, cuya mayoría de casos siguen en la impunidad, según organizaciones de labriegos.
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