SANTO DOMINGO. – El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó para el próximo miércoles a las 11:00 de la mañana la audiencia de medida de coerción contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, imputados por homicidio involuntario en relación con el colapso del techo de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos.
El órgano acusador solicita prisión preventiva para Antonio Espaillat, propietario del establecimiento, y arresto domiciliario con presentación periódica para Maribel Espaillat, administradora del negocio.
Según el expediente sometido por el Ministerio Público para solicitar medidas de coerción, los hermanos Espaillat incurrieron en una “inmensa irresponsabilidad y negligencia” al no realizar una intervención física adecuada que evitara el colapso del techo del Jet Set, ocurrido la madrugada del 8 de abril de 2025, durante un concierto del merenguero Rubby Pérez.
De acuerdo al MP, el empresario Antonio Espaillat fue advertido el 7 de abril, un día antes de la tragedia, por el empleado Gregorio Adames Arias, sobre el peligro inminente. En un mensaje de texto, Adames le escribió: “Te digo, hay un tema importante que hay que resolver en la discoteca… los plafones se están rompiendo porque están cayendo pedazos del techo y eso es peligroso”.
El documento sostiene que pese a esa advertencia y otras comunicaciones posteriores, el concierto no fue suspendido.
Intentaron «manipular» testigos
En su solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público también señala que los imputados supuestamente intentaron manipular a testigos de este caso. Puso como referencia a Maribel Espaillat quien supuestamente intentó intimidar Gregorio Adames.
En ese sentido, el MP explica que seis días después del colapso, Maribel visitó a Adames en su residencia y le advirtió que “revelar esa información podría ocasionarle 20 años de cárcel a Antonio.
Modificaciones ilegales y advertencias ignoradas
Según la acusación, desde el año 2011 hasta 2025, el techo del Jet Set acumuló una serie de modificaciones y cargas que comprometieron su integridad. Supuestamente, 17 unidades técnicas, como tinacos, ductos y aires acondicionados de gran peso, fueron instaladas sin supervisión ni permisos.
Asimismo, se reseña que en 2014, se inició un levantamiento estructural que presuntamente fue abandonado sin completar, según el ingeniero a cargo, por falta de interés de los propietarios.
El MP también documenta la remoción de una columna estructural para ampliar el escenario del local, lo que alteró la estabilidad del edificio. Todas estas obras, asegura el MP, se realizaron sin licencias del Ministerio de Obras Públicas, el Ayuntamiento del Distrito Nacional ni el Ministerio de Vivienda.
Gregorio Adames contradice versión de Antonio Espaillat
En su testimonio oficial, Gregorio Adames Arias, empleado de confianza de los imputados, afirmó que los plafones se caían constantemente y que esto se reportaba directamente a Antonio. También reveló que se aplicaron entre seis y siete capas de impermeabilizante en el techo, lo que evidencia intentos constantes de cubrir las filtraciones sin abordar el problema estructural de fondo.
Según Adames, la versión pública ofrecida por Antonio Espaillat, en una entrevista que este ofreció luego de la tragedia, sobre las condiciones del techo es “falsa”, y reiteró que las advertencias fueron claras y reiteradas antes de que ocurriera el colapso.
Debate sobre la calificación jurídica
Este domingo, el jurista Félix Portes, quien defiende a varias de las víctimas, depositó unas querellas solicitando que sea reformulado el tipo penal de homicidio involuntario a homicidio voluntario.
“La calificación jurídica preliminar me sorprendió. Las víctimas ahora no solo van a pelear con los abogados del imputado, sino también con el Ministerio Público. Adoptaron la teoría de la defensa”, denunció Portes. “Esto fue homicidio voluntario”, aseguró.
En ese sentido, el abogado Miguel Valerio, representante legal de Antonio Espaillat, criticó la solicitud del jurista Félix Portes de reclasificar el delito como homicidio voluntario, al considerar que el caso se encuentra en una etapa inicial de investigación.
“Esto es fácil. Se trata de un caso de acción pública. Pedir una variación de la medida en esta etapa no corresponde”, dijo Valerio a su llegada al tribunal.
Las víctimas, los familiares de los fallecidos y sus representantes legales mantienen la esperanza de que se haga justicia. La audiencia continuará el próximo miércoles, cuando el tribunal podría emitir su decisión definitiva sobre la solicitud de medida de coerción, salvo que se produzca un nuevo aplazamiento.
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