FINJUS. Foto: Fuente externa
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) llamó este sábado al Congreso Nacional a incluir con carácter de urgencia en su agenda legislativa el conocimiento del Código Procesal Penal (CPP), tras la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional, por vicios de forma, la Ley 10-15 que reformaba dicha normativa.
Mediante un comunicado firmado por su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, la entidad advirtió que el plazo de un año otorgado por el Tribunal para subsanar el error procedimental avanza rápidamente, y su vencimiento sin una nueva ley dejaría al país en un “caos jurídico” que comprometería la institucionalidad y afectaría derechos fundamentales.
“El reloj institucional continúa su marcha hacia el vencimiento del plazo otorgado, que frente a la negativa de no conocer su reincorporación, devendría en un caos jurídico”, expresó FINJUS.
La sentencia TC/0765/24, emitida el 6 de diciembre de 2024, anuló la reforma del CPP contenida en la Ley 10-15 por violar el principio de deliberación conjunta y la aprobación bicameral exigidos por la Constitución. Sin embargo, no cuestionó el fondo de la reforma, lo que abre la puerta a que el Congreso la adopte nuevamente respetando los procedimientos legislativos correctos.
FINJUS subrayó que un eventual regreso al texto del CPP previo a la Ley 10-15 representaría un retroceso en la justicia penal, al reducir plazos para medidas de coerción, debilitar la protección a víctimas y testigos, y limitar herramientas clave del Ministerio Público.
Además, propuso aprovechar esta coyuntura para revisar aspectos críticos del proceso penal como la declaratoria de casos complejos, el principio de oportunidad y la racionalización de procesos, así como garantizar que las formalidades del proceso no obstaculicen el acceso a la justicia.
“El fortalecimiento del sistema democrático exige instituciones sólidas, respeto a la Constitución y una cultura política que valore el equilibrio entre los poderes del Estado”, concluyó Castaños Guzmán.
Comunicado
El control de constitucionalidad, concebido como una garantía de la supremacía constitucional, constituye un pilar esencial del Estado de Derecho. En ejercicio de esa competencia, el Tribunal Constitucional, mediante la sentencia TC/0765/24, del 6 de diciembre de 2024, declaró inconstitucional, por vicios de forma, la Ley núm. 10-15, que había introducido significativas reformas al Código Procesal Penal (CPP). En un ejercicio de prudencia institucional, el Tribunal decidió suspender los efectos de la sentencia por un año, permitiendo que durante ese período la ley continúe vigente para evitar un vacío normativo que pudiera comprometer la seguridad jurídica o los derechos fundamentales de los ciudadanos.
La decisión no cuestiona el contenido sustantivo de la reforma, sino que pone en evidencia un error procedimental que afectó el proceso legislativo, particularmente el principio de deliberación conjunta y la aprobación bicameral previsto en los artículos 76 y siguientes de la Constitución. La sentencia, coherente con precedentes como el TC/0599/15, reafirma que el respeto al proceso legislativo es parte esencial del sistema democrático, ya que la bicameralidad no solo busca un equilibrio político, sino también una mayor racionalidad en la toma de decisiones. De ahí que se insista en la necesidad de observar estrictamente los procedimientos constitucionales, incluyendo la aprobación por ambas cámaras y el voto calificado cuando corresponda, para garantizar la validez de las leyes.
Este llamado del Tribunal Constitucional no debe interpretarse como una simple anulación normativa, sino como una oportunidad institucional para retomar el proceso legislativo. Desde FINJUS advertimos que la exhortación expresa al Congreso Nacional a subsanar el vicio detectado y legislar nueva vez conforme a los procedimientos constitucionales, debe ser asumida con sentido de urgencia. Ya han transcurrido casi seis meses desde la emisión de la sentencia, y el reloj institucional continúa su marcha hacia el vencimiento del plazo otorgado, que frente a la negativa de no conocer su reincorporación, devendría en un caos jurídico que afectaría la institucionalidad del país.
El eventual retorno al Código Procesal Penal en su versión previa a la Ley 10-15 generaría retrocesos significativos en el sistema de justicia penal, como la reducción de plazos para medidas de coerción, la limitación de figuras procesales como la suspensión condicional del procedimiento, la modificación de los criterios para la prisión preventiva, y el debilitamiento de mecanismos de protección para víctimas y testigos, entre otros aspectos relevantes. Además, afectaría la funcionalidad del Ministerio Público y limitaría la participación de entidades públicas en el ejercicio de la acción penal.
En ese orden, este proceso representa una oportunidad crucial para subsanar diversas deficiencias que afectan el funcionamiento del proceso penal. Este debe ser el espacio propicio para revisar y precisar aspectos clave como la declaratoria y el cómputo de los casos complejos, cuya ambigüedad genera inseguridad jurídica y dilaciones innecesarias. Asimismo, resulta indispensable fortalecer la aplicabilidad del principio de oportunidad y avanzar en la racionalización de los procesos, promoviendo una justicia más ágil y eficiente. También debe examinarse con rigor el rol de los distintos entes del sistema de justicia, en especial el Ministerio Público, para garantizar una actuación coherente con los principios del debido proceso y la tutela judicial efectiva. Asimismo, es imprescindible revisar las formalidades del proceso acusatorio, asegurando que éstas no se conviertan en obstáculos para el acceso a la justicia ni para la efectividad del sistema penal.
Resulta imperativo que el Congreso Nacional priorice en su agenda legislativa el conocimiento de la norma procesal penal, esta vez respetando los parámetros constitucionales. Pero también es responsabilidad de los operadores del sistema de justicia y de la sociedad en general participar activamente en este proceso.
En definitiva, fortalecer el régimen democrático dominicano demanda instituciones fuertes, procesos respetuosos de la Constitución y una cultura política que valore el equilibrio razonable entre los poderes del Estado. Es momento de actuar con visión de Estado e institucionalidad, cuyos ejes se concentran en la búsqueda de la prosperidad social, el respeto a la libertad, la protección de la dignidad y la creación de un ambiente de seguridad jurídica.
Servio Tulio Castaños Guzmán
Vicepresidente Ejecutivo FINJUS.
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