La afirmación “piden derechos pero no cumplen deberes” ha sido utilizada para justificar restricciones al acceso a derechos fundamentales. Sin embargo, está más que demostrado que esta premisa es errónea, pues los derechos no son concesiones sujetas al comportamiento de los individuos, sino garantías esenciales para la dignidad humana y la justicia social.
Desde una perspectiva jurídica, pensadores como Eugenio Raúl Zaffaroni, Boaventura de Sousa Santos y Paulo Freire han desmontado la idea de que los derechos deben ser otorgados bajo condiciones. Zaffaroni explica que los derechos fundamentales deben existir por sí mismos y ser protegidos frente a cualquier intento de condicionamiento por parte de instituciones estatales.
Para él, el Estado no puede decidir quién merece o no derechos, pues esto abre la puerta a la arbitrariedad y la exclusión social. Por su parte, Freire, en su obra sobre pedagogía de la liberación, demuestra cómo el acceso a la educación no puede estar condicionado por criterios de mérito o comportamiento, sino que debe ser un derecho inalienable que permita la transformación social. Según Freire, el conocimiento y la alfabetización no deben ser herramientas de control, sino instrumentos para la liberación del individuo, fortaleciendo su capacidad para ejercer plenamente otros derechos fundamentales.
El peligro de la premisa de que los derechos son una consecuencia del cumplimiento de deberes radica en que fragmenta la noción de ciudadanía y reduce el acceso a derechos al cumplimiento de normas impuestas por el pensamiento dominante. Este discurso no solo distorsiona la esencia misma de los derechos, sino que además genera una estructura de exclusión y desigualdad, donde ciertos sectores de la sociedad quedan marginados.
Desde una perspectiva democrática, los derechos no deben ser vistos como recompensas otorgadas por buen comportamiento, sino como garantías que protegen a todos los ciudadanos por igual. La función del Estado no es administrar los derechos como incentivos, sino garantizar su acceso pleno y equitativo para todos. En sociedades como la República Dominicana, donde la lucha por la inclusión social y la equidad sigue siendo un desafío, es crucial abandonar discursos que promuevan la idea de que los derechos deben ser ganados y, en su lugar, reafirmar su carácter universal.
En definitiva, los derechos no son privilegios que se otorgan como recompensa por cumplir obligaciones, sino pilares fundamentales de la dignidad humana y la justicia social. La idea de condicionar el acceso a derechos al comportamiento ciudadano socava los principios democráticos y refuerza estructuras de exclusión, los derechos deben ser garantizados de manera incondicional, evitando cualquier intento de supeditarlos al cumplimiento de deberes.
Consolidar esta perspectiva es esencial para avanzar hacia una sociedad más equitativa, donde el acceso a derechos sea un principio innegociable y no un privilegio condicionado.
El autor es abogado, magister en Seguridad y Defensa Nacional, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional humanitario, doctorando en derecho Administrativo iberoamericano, Coordinador del Observatorio de Seguridad y Defensa-RD
Por Juan Manuel Morel Pérez
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