SANTO DOMINGO.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó este jueves su preocupación ante lo que calificó como un intento de censura contra el Listín Diario, luego de que el histórico medio dominicano recibiera un ultimátum por parte de la empresa internacional Network Solutions para eliminar un contenido periodístico relacionado con el caso de corrupción Medusa.
El artículo en cuestión, publicado el 22 de marzo de 2024, recoge que Lisandro José Macarrulla Martínez, hijo del exministro Lisandro Macarrulla, admitió ante el Ministerio Público su implicación en el expediente del caso. La empresa que aloja el dominio del diario exigió eliminar dicha nota en un plazo de 48 horas, bajo amenaza de suspender sus servicios, lo que afectaría la publicación en línea del medio.
Ante la amenaza, el Listín Diario informó que no cederá a la presión y que ha iniciado el proceso para cambiar de proveedor y migrar sus archivos digitales, evitando así una posible interrupción de sus operaciones.
En un comunicado, el medio denunció la situación como un “acto de censura y coerción” que atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la información.
“La pretensión de Network Solutions de imponer condiciones sobre informaciones ya publicadas es inaceptable y constituye un intento de censura inadmisible”, afirmó el periódico en su nota oficial.
Por su parte, José Roberto Dutriz, presidente de la SIP y director general de La Prensa Gráfica de El Salvador, afirmó que “este tipo de presiones constituyen un riesgo creciente para el libre ejercicio del periodismo y pueden derivar en formas de autocensura motivadas por el temor a represalias”.
Listín Diario recordó que su derecho a mantener informaciones de interés público está respaldado por la sentencia TC/0171/20 del Tribunal Constitucional dominicano, así como por instrumentos internacionales de derechos humanos, como el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Además, subrayó que las directrices de la ONU sobre gobernanza de plataformas digitales, aprobadas en París en 2023, establecen el deber de las empresas tecnológicas de garantizar el acceso a la información, así como igualdad de trato y no discriminación en el ecosistema digital.
Relacionado