Oposición se convierte en escollo para reforma constitucional planteada por Abinader

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La Reforma Constitucional que tiene como objetivo principal, según sus propulsores, otorgarle constitucionalmente independencia al Ministerio Público del Poder Ejecutivo, ha encontrado algunas piedras en el camino de su aprobación, y es que los partidos de oposición no están de acuerdo con su modificación.

Luego del retiro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y la Fuerza del Pueblo (FP) de la mesa donde se discute el tema de la reforma constitucional en el Consejo Económico y Social (CES), el gobierno del presidente Luis Abinader ha encontrado un escollo para alcanzar la llamada independencia del órgano persecutor.

Al ser consultada por N Digital, la analista política Rosario Espinal sostuvo que el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) carece de votos por sí solo para reformar la Constitución de la República, por lo que tiene que pactar obligatoriamente con un segmento de la oposición política.

Aunque, el expresidente Hipólito Mejía dijo que el PRM debería “aplicarle mandarria” a los partidos que se oponen a la modificación constitucional y que esa organización tiene que aplicar la mayoría con la que cuenta en el Congreso Nacional para lograr ese propósito. A todo esto, el exmandatario ha sido un duro crítico de la “independencia” del Ministerio Público.

El primero en oponerse a la reforma constitucional lo fue el expresidente de la República y principal figura de la FP, Leonel Fernández, quien desde el año pasado había expresado en varias ocasiones que el Ministerio Público goza de total “independencia” con la modificación a la Carta Magna que él propició cuando dirigía los destinos del Estado en el 2010.

Fernández ha indicado que en el artículo 170 de la actual Constitución se precisa que el Ministerio Público tiene autonomía funcional, presupuestaria y administrativa, mientras esta misma atribución se establece en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

«Como los términos autonomía e independencia significan lo mismo, carece de sentido pretender modificar la Ley de Leyes para introducirle algo que ya existe. Constitucional y legalmente el Ministerio Público en la República Dominicana es independiente», ha dicho el líder opositor desde agosto del 2021.

Sin embargo, los motivos del PLD de oponerse a la reforma constitucional son otros distintos a la supuesta independencia que tiene el Ministerio Público.

La secretaría de Asuntos Jurídicos del PLD ha apuntado que el proyecto contiene “incoherencias jurídicas”, poniendo como ejemplo la propuesta de que la política contra la criminalidad se pase de la jurisdicción del Ministerio Público al Ministerio de Justicia.

Mientras todo esto pasa, dirigentes de los partidos opositores han alertado sobre una posible colada del tema 50+1 de los votos electorales en una eventual reforma constitucional, lo que sería puesto debajo de la mesa por el gobierno de Abinader.

Estos partidos rechazan que se modifique la Carta Magna para reducir el porcentaje que debe obtener un candidato presidencial para ganar en la primera vuelta electoral en la República Dominicana.

Algunos han considerado que el planteamiento es una señal de “debilidad” del Gobierno.

El debate lo comenzó Milagros Ortiz Bosch, alta dirigente del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM), quien planteó su oposición a que se sigan manteniendo la norma del 50+1 para ganar la candidatura presidencial, pues afirmó que este “crea corrupción” y “distorsiona” la democracia.

Propuesta del Gobierno

El Gobierno presentó ayer miércoles, en un debate en el marco del Consejo Económico y Social (CES), su propuesta de reforma a la Constitución.

La principal propuesta se refiere al cambio en el sistema de elección del procurador general de la República, que ahora es designado por el presidente de la nación.

La propuesta contempla que el procurador, que pasaría a llamarse fiscal general de la República, sea nombrado por un período de seis años, conforme al mecanismo que se establezca en una futura ley.

Del mismo modo, se introduciría una modificación en la Constitución para que el fiscal pueda ser interpelado por la Cámara de Diputados y el Senado para rendir cuentas, según explicó el consejero jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta.

En relación a las funciones del fiscal general, se le retiraría la potestad de formular e implementar la política contra la criminalidad y también se le quitaría la administración del sistema penitenciario.

El Ejecutivo también propuso la unificación de las elecciones municipales, presidenciales y legislativas, así como la eliminación del arrastre.

Estas modificaciones no se aplicarían en 2024, sino a partir de los comicios previstos para 2028, según explicó Peralta, indicando que, de esta forma, se evita que ningún actual cargo se pueda beneficiar de la eventual reforma.

Fuente: n.com.do

Coordina: Henry Zacarias

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